Miércoles
22 de Mayo de 2019
Universidad

Matrículas universitarias. A más tasas, menos plazas

Autor: Yoerkys Sánchez Cuéllar
Fotos: Archivo
Fecha: 18 de Septiembre de 2013

En medio de una fuerte crisis económica, elevadas cuotas de matrícula y nuevas exigencias académicas, miles de universitarios españoles se ven obligados a abandonar las aulas.

No sé de dónde voy a sacar el dinero, pero tengo muy claro que no voy a dejar los estudios, más cuando me quedan cinco asignaturas», manifestaba en entrevista al periódico El País el estudiante español Raúl Moreno, meses antes de concluir el curso anterior.

Desde hace cuatro años cursa la especialidad en Ciencias Políticas y actualmente dirige la Coordinadora Andaluza de Representantes estudiantiles, organización que convocó una huelga ante la imposibilidad que tenían muchos jóvenes de pagar su acceso a la educación superior o realizar la rematrícula.

Para suerte de Raúl, la Junta de Andalucía decidió entregar más de mil euros a los alumnos que lo necesitaran. Pero no sucedió así en otras regiones de la península ibérica, donde la situación para quienes aspiran arribar a las aulas universitarias y avanzar de manera satisfactoria resulta cada vez peor.

Un análisis del informe Estudiar en Europa. Precios de las matrículas y becas en las universidades europeas, redactado por el Observatorio del Sistema Universitario, corrobora que cada día es más frecuente encontrar estudiantes que el propio sistema expulsa de la universidad por carecer de recursos financieros. A ello se suman ahora nuevos requerimientos, vinculados a la exigencia académica. El caso de Gloria Blanco muestra la triste realidad de muchos en España. En el mes de abril, mientras realizaba su segundo año en Trabajo Social de la Universidad de Barcelona recibió la notificación de la beca denegada por no cumplir los requisitos docentes: «Es injusto. Fue por una asignatura, además era de evaluación continua y suspendí solo una de las pruebas. Se supone que debería contar la media». Gloria podía mantenerse en el campus si pagaba 800 euros, pero la pensión de su abuelo y la situación de sus hermanas, víctimas del desempleo, le impedían erogar esa cifra. Acabó las clases y entregó sus trabajos, pero no se presentó a los exámenes. Ahora se queja de la poca información y ayuda recibidas por la institución. «Fui a secretaría porque no quería dejar la carrera, pero no me ofrecieron ninguna solución», lamenta la joven. En 2012 el Ministerio de Educación de España aprobó el decreto que determinaba un aumento general de las tasas universitarias, al tiempo que endurecía los requisitos para obtener una beca. Las consecuencias resultaron devastadoras, en detrimento de la igualdad de oportunidades.

Dos años de subidas han encarecido las tasas de tal forma que muchas familias renunciarán al sueño de que algún día su hijos lleguen a la universidad. En Madrid, por ejemplo, el incremento oscila en los estudios de grado entre el 50% y el 92%. En los de posgrado la subida es, incluso, mayor.

LA REFORMA WERT
<<Las becas no son limosnas>>, expresa José Ignacio Wert.
Dentro de ese debate, fuerte polémica causa la reforma que intenta llevar adelante el ministro de Educación, José Ignacio Wert, quien defiende la idea de exigir calificaciones de 6,5 puntos a los estudiantes para que puedan optar por las exenciones del Estado. «Las becas no son una limosna», ha dicho.

A pesar de su insistencia, la propuesta recibió un fuerte rechazo, pero se mantuvo el límite en 5,5. Sin embargo, con ese parámetro muchos serían aún los que tendrían que abandonar los recintos universitarios, pues una cuarta parte de los 1,2 millones de alumnos españoles recibe beneficios de beca.

Francisco Ruiz, rector de la Universidad de Huelva, calcula que entre 300 y 500 alumnos de los 12 mil que en ella existen podrían cancelar sus estudios. Otras universidades, como la Politécnica de Valencia, han realizado encuestas con resultados alarmantes: más de dos tercios de los becarios aseguran que abandonarán su carrera si no obtienen ayuda, pues temen que empeore la situación familiar.

El impago de las matrículas supone la separación inmediata del estudiante. Aunque el alumno puede continuar yendo a clases e incluso realizar los exámenes, se le impide el acceso al campus virtual y sus notas desaparecen del acta, así que no puede continuar al año siguiente. Tampoco puede solicitar su título ni ningún certificado académico. Las bajas administrativas se deciden escalonadamente, pero en la Complutense de Madrid se les dio de forma simultánea y sin previo aviso a tres mil 193 alumnos que no habían pagado. Uno de ellos fue Gonzalo Helbert, de 20 años, cuyo nombre fue borrado de todas las bases de datos «de forma automática». Helbert debía 800 de los 1.000 euros que le costaron seis asignaturas. «No matriculé más por si no me daban beca y no las podía pagar», señala. En su casa solo entra el sueldo de la madre.

La medida provocó que los estudiantes se encerraran durante días en el rectorado, en una manifestación que obligó a las autoridades a hacer algunas concesiones. El debate llegó al Congreso, donde miembros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han protestado por la falta de análisis sobre el efecto social que tiene el endurecimiento de los requisitos para acceder a las becas, pues ya el pasado año se perdieron 25 mil y los rectores temen que esa cifra se triplique este curso.

Para Antonio Valdecantos, catedrático de Filosofía de la Universidad Carlos III de Madrid, la quiebra económica de la universidad pública se ha llevado casi todo por delante y adelgazará la institución hasta reducirla simplemente a las dimensiones funcionales porque «se impuso a la enseñanza superior que diera respuesta a las demandas del mercado». «Las nuevas universidades públicas (y, poco a poco, también las menos nuevas) imitaban a las privadas en todo lo imitable y el fin último de la vida universitaria era converger con la empresa, haciendo de la enseñanza superior una actividad económicamente competitiva, orientada a formar los profesionales demandados por el mercado, y a hacerlo con toda la flexibilidad exigida por este (a veces con un delicado complemento de “confitería humanística”)».

Según el catedrático, privatizar la universidad pública y hacer pagar a los estudiantes lo que se llama «el coste real» de los estudios son propósitos que se expresarán cada vez con menos disimulo. «La mayor parte de las universidades públicas nuevas se han concebido con un notorio mimetismo respecto de las privadas, como si la universidad fuese un centro de preparación para profesiones de éxito. El resultado ha sido en muchos casos una enseñanza académicamente pobre e inspirada solo en criterios de rentabilidad», señala.

Ante esta situación, Miguel Soler, vicesecretario de Educación del PSOE ha expresado: «Hace ya bastantes años que tenemos que soportar el cansino discurso de los sectores más conservadores de este país sobre la cultura del esfuerzo. He escuchado como en diferentes debates, los dirigentes del PP (Partido Popular) y algunos de sus tertulianos más aguerridos, indicaban que les parecía muy bien que para obtener una beca los alumnos tenían que esforzarse más, que era normal pedirles una nota más alta que a los demás porque para eso les estábamos pagando la beca entre todos».

Lo que la mayoría cuestiona, más allá de los términos de calidad y de satisfacción de las necesidades del mercado laboral es el hecho de que quien tenga una familia que le pueda costear sus estudios, los continuará. Y podrá hacerlo sin necesidad de alcanzar ninguna nota media, invirtiendo los años (y pagando las correspondientes matrículas) que esto requiera.

También se critica la diferencia por regiones. Por ejemplo, los estudios de Medicina en una universidad pública catalana cuestan 2.372,40 euros por curso, mientras que en una universidad andaluza ronda los 750. Mientras en Galicia la matrícula de Derecho alcanza los 591 euros, en Madrid es 1.620, tres veces más. Y si en Andalucía un estudiante del máster de Formación del Profesorado debe pagar 757 euros, en Cataluña debe erogar 2.116.

Guillermo Nova, joven español que estudia Periodismo en Cuba, comentó a Alma Mater sus criterios sobre la reforma de Wert: «En su filosofía, para que los españoles acepten los bajos salarios hay que hacer que la gente tenga menos nivel de estudios y de esa manera proporcionar una amplia mano de obra al mercado empresarial. Ellos quieren un país de economía de servicios: turismo y construcción, porque eso es lo que manda Alemania. La industria para los germanos y los mesoneros para los españoles. Entonces, ¿para qué un mesonero va a ser abogado? Mejor sexto grado, así no sabe ni lo que es un convenio laboral».

— ¿Y el reclamo de una educación pública y de calidad será imposible en España?

«No es imposible, pero depende de la presión social. Lo que teníamos en España no nos lo regalaron, lo peleamos y lo ganamos. Por eso tendremos de nuevo lo que nos están quitando si luchamos por ello», sostiene Guillermo.

CON LA CAMISETA VERDE

Anatolio AlonsoComo alumno del Instituto Juan de la Cierva de Madrid, Anatolio Alonso obtuvo la mejor nota en la última convocatoria de pruebas de acceso a la universidad madrileña: 9,95 puntos. Ha contado que rechazó entrar en el programa de Bachillerato de Excelencia porque considera que no es «nada representativo» concentrar a los estudiantes en un centro «solo porque son los mejores».

El joven, con una camiseta verde, defiende el carácter público de la enseñanza. Para Anatolio «la educación se mejora por las bases, creando y potenciando nuevos puestos de profesionales y fomentando aún más las actividades educativas».

Cuando lo entrevistaron al recibir el galardón de mejor graduado manifestó su interés en estudiar Medicina pero ha confesado que aunque de momento no tiene problemas para acceder a la universidad, cuenta con compañeros «muy buenos» que sí se van a encontrar dificultades debido a la subida de las tasas.

La situación continúa agravándose y cada día los titulares reseñan las protestas de los alumnos españoles. Es por ello que el Sindicato de estudiantes convocó, mediante un comunicado, a una semana de lucha del 21 al 25 de octubre con tres jornadas de huelga general en institutos y universidades.

El texto señala: «Este Ministro se empeña en defender lo indefendible. Según él, con el nuevo requisito de la nota del 6,5 para poder obtener ayudas económicas se garantiza la equidad. Lo que ocurrirá realmente es que se va a penalizar a los estudiantes con menos recursos económicos exigiéndonos más que a los demás, se nos va a castigar por no tener dinero ¿Qué tiene que ver esto con la igualdad? Lo que pretende este Ministro es volver a la educación de los años 50 cuando solo los ricos tenían garantizado su derecho al estudio. Con este nuevo decreto, quien tenga dinero podrá estudiar tanto si saca un 7 como si saca un 2, pero los demás, la gran mayoría, nos veremos expulsados económicamente».

Los miembros de esta agrupación estudiantil consideran que hay que ir de las protestas a las propuestas: «Si se destinara tan solo una cuarta parte del dinero regalado a los banqueros para la educación pública se solucionarían todos los problemas que padecemos ahora mismo. Habría becas para que todos los hijos de trabajadores pudiéramos ir a la Universidad, se podría contratar a los 50.000 profesores despedidos y a muchos más…. pero este gobierno lleva el camino opuesto».

La crisis económica que afecta al mundo tiene una repercusión especial en España. El movimiento de los indignados que tomó la Puerta del Sol exigía justicia para los jóvenes en paro, pero también muchas voces reclamaron transparencia y gratuidad en la educación. Habrá que esperar el desarrollo del curso 2013-2014; tal vez Wert rectifique su reforma o el estudiantado sea lo suficientemente capaz de dinamitar los planes de ajuste del Ministro.

Deje su comentario

*(Campos requeridos)