«Son 850 millones de deportistas, hombres y mujeres, en el mundo, no son 850 millones de santos», así justificaba, antes del comienzo de los Juegos Olímpicos de Beijing, el Presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) Jacques Rogge, el férreo control que ejercería la Comisión Médica del COI sobre los competidores para detectar los casos de dopaje.

Sin embargo, a la altura de la octava jornada de los Juegos Olímpicos de Beijing ya van tres deportistas expulsados del certamen. El tirador norcoreano Kim Jong Su fue despojado de dos medallas, una de plata y otra de bronce; los exámenes de la gimnasta vietnamita Thi Ngan Thuong Do arrojaron la presencia de una sustancia llamada furosemida y la primera en ser sancionada fue la ciclista española María Isabel Moreno. Todos dieron positivo en controles antidoping realizados.

Cada uno puede ser sancionado y alejarse de la práctica deportica por hasta dos años.

Desde la profesionalización y capitalización de los deportes, son comunes los casos de dopaje entre deportistas que sienten la necesidad de incrementar su rendimiento a límites cada vez más extremos. En el otro extremo, se sitúan los miembros de la Comisión Médica del COI que deben velar por la justicia que debe imperar en las competiciones.
 
El doping o dopaje consiste precisamente en «utilizar en el entrenamiento, antes, durante o después de una competencia deportiva, sustancias y/o medios prohibidos». Es una práctica antideportiva que afecta al deportista en primer lugar, pero también a las personas de su entorno: médicos, entrenadores, técnicos y directivos. Para contrarrestar el dopaje, instancias y entidades han sido designadas para controlar y supervisar la aplicación de las pruebas antidoping e implementar programas preventivos.

La Agencia Mundial Anti-Doping (WADA, en inglés), se rige por el Código Mundial Antidopaje, un documento que designa «la estructura para las políticas, normas y regulaciones antidoping dentro de las organizaciones deportivas y las autoridades públicas». Se ocupa también de consultar con especialistas para elaborar anualmente las listas de sustancias prohibidas. Desde el año 2001, solo la WADA ha comprometido más de 28 millones de dólares en estas actividades.  El capital invertido por otras asociaciones elevaría la cifra considerablemente.

Alrededor de tanto capital aparece toda una gama de empresas que se ocupan de desarrollar mecanismos y alternativas  para detectar el consumo en los individuos. Diagnose, por ejemplo, se publicita como la empresa líder en la detección de drogas y en la prevención y rehabilitación a causa de estas y de la ingestión de alcohol, afirma además de su programa de cadena de custodia, que «ha dado excelentes resultados para empresas, universidades y otras instituciones».

Existe toda una industria que muestra una variedad impresionante de medios an-tidoping y los comercializa. Compiten entre sí con productos sofisticados que pueden descubrir la presencia en la orina de un número creciente de sustancias incluidas en las listas negras. Incluso se desarrollan técnicas e implementos para el hallazgo a partir de muestras de cabello.

En esta carrera por las ganancias, los deportistas suelen ser precisamente los principales perjudicados. La gimnasta rumana Andrea Raducan, ganadora en el año 2000 de varias medallas doradas en las Olimpiadas de Sydney, fue despojada de estas por dar positivo de efedrina los exámenes que le fueron realizados. Aunque después se demostró que su consumo fue inconsciente, y se debió a un medicamento que ingirió a causa de un resfriado, la gimnasta no recuperó las preseas por las cuales se había esforzado tanto.

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